Crisis Política: un desafío ético.

     61 %  de
los chilenos considera que enfrentamos  una crisis política, según la  encuesta  
de Imaginacción y la  Universidad
Central. El subsecretario del Interior 
Mahmud Aleuy señaló  que  los escándalos de corrupción   han
desnudado  un problema  ético 
en Chile,  el que sólo se podrá enfrentar  con una acción efectiva   de 
todas las instituciones  del país.
 El diagnóstico de la sociedad civil y las
autoridades es el mismo: enfrentamos una crisis ética y necesitamos  una solución  integral. No se trata de tirar la “mugre bajo la
alfombra”, requerimos  asumir la urgencia
 que exige desafiar  un   problema que erosiona nuestra convivencia
social, y por ende la credibilidad que da sustento  al proceso democrático.   
    Se necesita  de  liderazgos creativos, en varios frentes,  sino terminaremos  diluyendo 
nuestro capital social.  
Ese recurso
 que se expresa en la confianza que  tenemos 
hacia  los demás, que nos permite  trabajar 
junto a otros, formar equipos  y postergar
intereses individuales por proyectos colectivos.  Estos son: la confianza, asociatividad,
flexibilidad,  que al  plasmarse  en las instituciones  y en las prácticas de una sociedad, determinan
su productividad, estabilidad  y la paz
social.  
  Ese
es  nuestro desafío: enfrentar un
problema  ético que erosiona las
confianzas. Que requiere de soluciones creíbles de cara a la ciudadanía, que
exige de parte de algunos políticos y empresarios,  que 
asuman su responsabilidad, al margen de la legalidad  de sus acciones, no olvidemos que la norma
positiva es apenas un mínimo ético.   La Ley 18.575 señala que
la probidad
administrativa, que no es otra cosa que la aplicación de principios éticos a la
función pública, “consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un
desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general
sobre el particular.” Esta es la clave que debe traducirse en la guía para el
accionar de los empleados públicos, que enfrentados a un problema de
integridad, de ética, de probidad, deben hacer primar el interés general por
sobre el suyo particular.
Las autoridades,
 deberán 
demostrar  más que nunca, que su   comportamiento  se sustenta 
en  principios y esto  debe apreciarse  día a día. Así como  los  funcionarios 
que  manejan los recursos, en
particular  aquellos   que la sociedad  provee para cumplir los fines sociales del
Estado, que  actúen  de manera transparente y los mecanismos fiscalizadores
sean efectivos y concluyentes.

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